El proyecto de la Empresa Mexicana del Grupo Tomza de construir una terminal de almacenamiento de gas licuado de Petroleo (propano) en Punta de Manabique, ha calado un poco en la opinión pública en general, y más fuerte en el sector ambiental. Se percibe una mayoritaria corriente de rechazo, más emotiva e ideológica que racional. Ésto está sucediendo dentro un ambiente nacional marcando por el incremento de la violencia generalizada, ahora con la presencia cada vez mayor del narcotráfico con incidencia en la inseguridad ciudadana, agravada con la delincuencia común, los problemas económicos de la mayoría de la población, por la falta de empleo, el aumento de precios en la canasta básica, y coronados por la falta de capacidad del gobierno de aplicar políticas publicas que promuevan la inversión y el desarrollo, así como la conservación de nuestros recursos naturales. Para complicar aún más el escenario estamos en medio de una efervescencia electoral resaltada por la confrontación de los partidos en disputa, las violaciones a las leyes electorales por los mismos partidos, ante la displicencia y abulia de las flojas autoridades electorales, y la Caja de Pandora legal aún no resuelta de inconstitucionalidades de algunas candidaturas. El momento en que hay que tomar la decisión no puede ser más coyuntural y complicado, y por ello debe ser manejado con la importancia que el mismo reviste. El tomar decisiones acertadas es vital para gestionar nuestros recursos naturales, como también lo es para incorporar al desarrollo a las áreas más pobres y vulnerables de nuestro país.
Nuestra historia de país nos muestra que usualmente hemos equivocado el camino, hemos optado por la visión a corto plazo, los espejitos del presente, y no las consecuencias a mediano y largo plazo. Esperamos como guatemaltecos preocupados con nuestra riqueza natural que representa Punta de Manabique, que se haga una evaluación técnica, profesional y sin presiones del EIA presentado, previo a autorizar o no el proyecto en cuestión. La decisión debe ser técnica no política, por ello se requiere de las mejores luces posibles. Éstas están en nuestros equipo de técnicos, científicos y expertos de las instituciones rectoras, CONAP, INAB y el MARN. Pero el balance también requiere escuchar el punto de vista de los actores locales del área de incidencia del proyecto y de los representantes de la empresa inversora. Se deben ponderar los impactos que las intervenciones tendrán en los ecosistemas del área protegida, así como las repercusiones en las comunidades colindantes y en el desarrollo de la región. Asimismo también es necesario analizar el proyecto y su propuesta de operación, su diseño, medidas de seguridad y calidad de los controles y equipo a utilizar. También debe ser parte del análisis las ventajas de contar con una nueva infraestructura y capacidades de almacenamiento de gas en el país, la inversión de capitales extranjeros que implica el proyecto, las fuentes de trabajo que generará y las actividades económicas complementarias, principalmente de servicios, con repercusiones positivas para la economía local. La capacidad instalada de almacenamiento por otro lado favorecerá el aumento de la oferta de gas disponible en el país, necesario para la industria, el comercio, los servicios y para satisfacer la demanda de los hogares de los guatemaltecos que requieren de dicho carburante. La logística que permitirá su ubicación puede convertirse en un factor que favorezca una baja en el costo de transporte y distribución, y traducirse en mejores precios para los consumidores. Por otro lado el país contará con una infraestructura que por su capacidad de almacenaje podrá contribuir a satisfacer de una mejor manera la demanda nacional sin necesidad de importar el carburante desde la planta que la misma empresa tiene en la costa atlántica de Honduras. El impacto económico proyectado será el producto de la inversión inicial de Q240 millones y la creación de 150 empleos directos, así como los impuestos y arbitrios que generará al fisco y a las municipalidades. También es importante el que se realice un análisis del diseño técnico de la planta, sus medidas de seguridad consideradas, así como la propuesta que la empresa ofrece en cuanto a las medidas de mitigación y de responsabilidad social.
¿Pero de que capital natural estamos hablando? ¿Cuáles son los costos ambientales que generará el proyecto y las externalidades negativas que provocaría? ¿Qué representa la Punta de Manabique cómo área protegida para el país? Podríamos comenzar diciendo que está situada en el Departamento de Izabal y es una de las reservas naturales más grandes del país, declarada área protegida mediante el Decreto 23-85 en el año 2005 y por lo tanto es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SIGAP, bajo la dirección del CONAP y la Fundación Mario Dary Rivera por medio de un Convenio de Coadministración. Entre su importancia reviste el ser una barrera natural que protege al país de tormentas y huracanes, ademas es un regulador de temperatura y del flujo de aguas marinas y dulce. ¿Qué riqueza o beneficios ambientales aporta? De acuerdo al Plan de Conservacion del Área 2007-2011 Refugio de Vida Silvestre Punta Manabique, desarrollado por la Fundación Mario Dary Rivera y el CONAP, " el mismo cuenta con zonas de arrecife, pastos marinos, cuerpos importantes de agua dulce y salobre, remanentes importantes de bosque latifoliado incluyendo remanentes de manglares. El área tienen una dinámica importante como zona de transición entre la parte continental y la marina en la costa atlántica, así mismo es dueña de una riqueza de especies particulares de flora, fauna y vida marina, en la que destacan aquellas ligadas a los arrecifes que poseen la característica de ser resilentes en un ambiente bastante cambiante. El Refugio ofrece importantes oportunidades para la recreación y turismo por la singularidad de sus bellezas escénicas". Su ponderación cómo capital natural es invaluable y su conservación tiene una incidencia directa en sus ecosistemas que albergan su biodiversidad y dan sustento de alimento y trabajo a las comunidades locales. El mismo es parte de un ecosistema que es determinante para la estabilidad del sistema arrecifal de Mesoamérica, el cual es el segundo más grande del planeta, después del australiano.
Para realizar la planificación, definir las operaciones e intervenciones permitidas a realizar y los controles de Punta de Manabique se cuenta con un Plan Maestro. Dicho documento tiene como principales objetivos, el ordenamiento territorial, y la gestión y desarrollo del área; contiene las políticas y directrices generales y programas de manejo de conservación, investigación, ordenación y uso de los recursos. Su vigencia es de cinco años y debe ser aprobado por el CONAP. Para su administración cuenta con un Consejo Consultivo integrado por las instituciones públicas rectoras, autoridades locales, representantes de las comunidades asentadas dentro área protegida, de los pescadores artesanales y de los propietarios de tierras privados.
Asimismo Guatemala cuenta con un ordenamiento legal ambiental, y leyes y tratados internacionales suscritos que protegen sus áreas protegidas como el caso de Punta de Manabique. Este andamiaje legal debe ser entonces el marco donde se discuta la conveniencia o no del proyecto. Esperamos que los tomadores de decisión consideren apropiadamente lo que está en juego para el país y los antecedentes del manejo de otros proyectos con incidencia negativas en otras áreas protegidas. Pero no basta sólo decir no al proyecto y luego no hacer nada o muy poco para conservar nuestras áreas protegidas. Solemos ser ambientalistas y conservacionistas del diente al labio. Mientras se mantengan los presupuestos raquíticos asignados al CONAP para administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas será poco lo que se pueda lograr. De igual manera de continuar las falencias financieras y de recursos seguirán sin cumplirse los objetivos y las metas considerados en los Planes de Manejo de las áreas protegidas, anulando su contribución para salvaguardar su conservación. En el caso de Punta de Manabique los indicadores y medios de verificación definidos para el último del quinquenio muestran saldos muy pobres en cuanto a su ejecución y principalmente en el alcance y calidad de los resultados reportados.
La dura y triste realidad actual es que Punta de Manabique se está degradando y perdiendo parte importante de su capital natural a un ritmo acelerado. Los factores internos y externos que mayor incidencia negativa han tenido son la falta de gobernabilidad del área y de control por parte de las autoridades responsables de su manejo, el avance de la frontera agrícola, el fomento de ganadería, la deforestación producto del cambio de uso de la tierra o para leña para autoconsumo, las invasiones de áreas protegidas por motivos sociales y económicos, la introducción de especies exóticas que compiten con las locales, la presencia del narcotrafico con secuelas en la inseguridad, la falta de certeza de la tierra y de catastro, el incremento de asentamientos humanos con secuelas en la generación de basura y contaminación de las cuencas, el abuso de los agroquímicos para uso en la agricultura, la impunidad en la aplicación de las leyes ambientales y la poca o casi nula presencia de la autoridad y guardianes de las áreas protegidas. Por otro lado no se han incentivado actividades productivas compatibles con su desarrollo y conservación, como pueden ser el turismo, principalmente el eco turismo y otras actividades no invasivas con el ambiente,como la pesca deportiva.
Podemos concluir que si no solucionamos lo anterior y no aprovechamos las oportunidades que genera la actividad turística para Punta de Manabique, y sólo bajo el amparo de la normativa no autorizamos el Proyecto del Grupo Tomza en su zona de amortiguamiento, perdemos por ambas partes. Por un lado no aprovechamos las ventajas de una actividad productiva para la economía de las comunidades colindantes al proyecto, la generación de fuentes de trabajo y de pagos de impuestos al gobierno, y por el otro y más importante, tampoco cumplimos con la salvaguarda de nuestros recursos naturales valiosos y estratégicos.
La solución requiere un enfoque integral y multidisciplinario que va más allá de la decisión en relación al proyecto en cuestión, la cual debe partir de plantearnos realmente el modelo de desarrollo que queremos cómo nación, definir las políticas públicas en relación al manejo del capital natural que poseemos con visión de largo plazo y proceder en consecuencia.Tenemos como referentes países como Costa Rica que han apostado a favor de sus recursos naturales. Nuestra Guatemala merece mejor suerte, pero para ello necesitamos autoridades con dotes de estadistas y un sólo compromiso, el país.
